España ha aprobado el primer desarrollo reglamentario de las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva. La norma afecta a ámbitos tan cotidianos como la sanidad, la administración, el transporte, la justicia o los servicios digitales y tendrá consecuencias directas para muchas personas autistas. Para Andalucía, además, abre la posibilidad de ir más allá de los mínimos estatales.

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